A raíz del reclamo iniciado por un grupo de socios en la Platea Norte luego del partido contra Colón dirigido por el árbitro Diego Abal, derivando en serios incidentes ante la habitual e inadecuada respuesta de la Policía Federal, la Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos (UCPEVEF) resolvió suspender el estadio Pedro Bidegain para el próximo partido como local contra Vélez Sarsfield.
Como era de esperar, nos aplican una sanción extrema en comparación a ciertos episodios de violencia ocurridos en partidos de la última fecha del torneo local. Y que no sólo abarca el encuentro del domingo, sino que dicha resolución también supedita la asistencia para el partido versus Godoy Cruz al comportamiento de los hinchas.
Pero, al margen de la cuestionable posición de la UCPEVEF, es necesario apuntar un dato que pasó de largo pero cobra fuerza y limita el accionar venidero: la propia Institución azulgrana sugirió la semana pasada a los hinchas que no se manifiesten en AFA, a los fines de que la supuesta sanción no conlleve el perjuicio que finalmente tuvo.
En este sentido, la decisión política engaña a los sanlorencistas queriendo demostrar un manejo de la situación que no es tal y también (de no recurrir esta resolución que se asimila a la del año pasado ante el mismo rival) nos priva a las minorías y a cualquier socio de peticionar hoy ante la Justicia por carecer de legitimación activa; esto es, en otras palabras, que sólo los representantes electos y sus apoderados legales son quienes pueden actuar para defender los intereses del club, ya sea en AFA, Agremiados, con los jugadores del plantel profesional, los empleados o, en este caso, la Justicia Nacional.
Cuando AFA determina que un club ha violado ciertas medidas de seguridad, lo notifica en forma fehaciente a través de sus boletines oficiales y, a partir de allí, los clubes tienen un plazo cierto para recurrir las sanciones. Luego, en virtud de lo que finalmente se decida, deben respetar las eventuales medidas en el marco de un procedimiento claro y concreto. Por el contrario, la UCPEVEF carece de un código de penas y sanciones que permita a los clubes conocer las mismas de antemano ante posibles incidentes. A su vez, la UCPEVEF tampoco notifica fehacientemente sus decisiones ni delinea un procedimiento claro para que que los clubes puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa en sede administrativa contra las sanciones dispuestas.
Hoy San Lorenzo debería contar con la notificación fehaciente de la sanción impuesta por la UCPEVEF para poder en tiempo y forma recurrir dicha sanción a la espera de una respuesta de la UCPEVEF (dependiente del Ministerio de Seguridad) para agotar la vía administrativa y así poder recurrir a la Justicia, pero la UCPEVEF juega a las escondidas, sanciona sin atenerse a código alguno con penas a discreción, no notifica en tiempo y forma sus resoluciones e imposibilita que los clubes se defiendas ante los atropellos a los que nos tienen acostumbrados cuando la banca no es bostera ni gayina.
Para colmo, San Lorenzo decide no moverse porque, si quisiera, podría dejar expresa constancia ante la UCPEVEF de no haber sido debidamente notificado de la sanción dispuesta; a su vez, podría impugnar el hecho de que se nos sancione a ciegas sin saber de antemano a qué estatuto de códigos y sanciones estamos sujetos; podría exigir que la UCPEVEF aclare cómo impugnar dicha sanción en sede administrativa y ante su esperable silencio dado el corto plazo que le dejan al club para defender los intereses de la Institución y de sus socios acceder a un reclamo judicial. A la fecha, San Lorenzo no actuó, por lo que decidió no agotar la vía administrativa para reclamar ante la decisión de la UCPEVEF. Por lo tanto si decidiese mañana ir a un juzgado es altamente probable que respondan que se debió, en primera medida, reclamar ante el Ministerio de Seguridad.
Hablamos por experiencia propia: En 2011, junto a un grupo de compañeros de tribuna, presentamos un amparo cuyo dictamen justifica lo dicho anteriormente y la necesidad de que San Lorenzo se plante para habilitar a un eventual reclamo de sus socios: "en el hipotético caso en que las resoluciones aquí cuestionadas afectaran derechos del Club San Lorenzo de Almagro, los mismos deberán hacerse valer por los representantes legales del Club por las vías que correspondan, careciendo el presentante de la legitimación para ello".
Esto nos dijeron hace un año y es el mecanismo por medio del cual hoy los jueces se desentenderían de esta compleja cuestión de la que prefieren ni opinar... tal como nos sucedió en 2011, luego del encuentro donde se produjo el fallecimiento de Ramón Aramayo y finalmente se jugó sin público en cancha de Boca.
La historia nos tiene que servir para aprender de nuestros errores. Duele ver cómo ante la misma situación que padecimos el año pasado (luego de que la Justicia nos rechace un pedido efectuado en estos términos por falta de legitimación activa) San Lorenzo no haya arbitrado los medios necesarios para que solicite a través de sus apoderados lo que hace una temporada atrás nos negaron por intentar impedir en soledad.
Por último, ratificamos una vez más nuestro compromiso con la causa. Estamos a disposición para afrontar este atropello siempre que el propio Oficialismo manifieste su voluntad de hacerlo en conjunto. Caso contrario, cualquier esfuerzo es en vano.
Exigimos que se muevan para que, en honor a los 104 años del CASLA, Sin Hinchas No Se Juegue. Ni el domingo contra Vélez Sarsfield ni en quince días contra Godoy Cruz. Si el gobierno necesita de nuestro asesoramiento legal para presentar el reclamo, sólo tiene que pedirnos la colaboración que siempre le hemos extendido y nunca han solicitado.
Foto: SimplementeSanLorenzo.com
Fuente: De Boedo Vengo
